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La empresa Uragua, del consorcio vasco Aguas de Bilbao, reclama a Uruguay una indemnización de 14 millones de euros, en un conflicto que podría terminar en La Haya (en Mi Punto)

16/03/2005

Montevideo. Uragua, del consorcio español [vasco] Aguas de Bilbao, concesionaria de los servicios de agua potable y saneamiento de Maldonado (este), reclama al Estado uruguayo una indemnización de 14 millones de euros (USD 18,6 millones) para retirarse del país, informa este miércoles el diario El Observador.

La compañía vasca busca que el Estado le reintegre ese monto por las inversiones realizadas desde su instalación en el país desde octubre de 2002.

Uragua ganó en 2000 la licitación para explotar el servicio de agua potable y saneamiento en Maldonado durante 30 años, a cambio de una inversión superior a los 500 millones de dólares.

El pasado 31 de octubre, en un plebiscito celebrado junto con las elecciones nacionales, la ciudadanía aprobó una reforma constitucional para devolver al dominio estatal el servicio de abastecimiento de agua potable y de saneamiento.

La reforma constitucional prevé que el Estado uruguayo no pague indemnizaciones por la rescisión de contratos y que solamente se haga cargo de las inversiones no amortizadas.

El gobierno de Tabaré Vázquez considera que la reforma no es retroactiva, pero Uragua estima que establece claramente que los servicios que presta deben ser administrados por un organismo estatal, por lo que la concesión a su cargo cayó automáticamente. El subsecretario de Vivienda y Medio Ambiente, Jaime Igorra, dijo en declaraciones publicadas por El Observador que el gobierno está a la espera de un informe jurídico para definir su postura, añadiendo que "el conflicto con Uragua se puede terminar dirimiendo en el tribunal de La Haya".

Igorra dijo que Uragua "quiere irse porque la ecuación económica del contrato con el Estado --tienen que invertir en dólares y cobran la tarifa en pesos-- no les cierra por ningún lado".

Asimismo, el gobierno acusa a Uragua de haber incumplido el contrato al no realizar todas las inversiones previstas en la licitación.

(publicado el 16-03-2005 en El Punto)

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