Juristas estadounidenses piden 'el cese de los abusos contra el pueblo vasco'. Hablan de conculcación de derechos civiles y políticos por parte del Estado español (en el diario Gara)

El Gremio Nacional de Abogados de EEUU, asociación que reúne a miles de juristas, adoptó el pasado sábado una resolución en la que da cuenta de la conculcación de derechos fundamentales en Euskal Herria por parte del Estado español. Entre otras cosas, habla sobre la tortura, la libertad de expresión y el derecho de asociación. Ante ello, insta al Gobierno de George W. Bush a que reclame al Ejecutivo del PP el 'cese de sus abusos contra el pueblo vasco'.

Por Mikel Jauregi. La resolución del Gremio Nacional de Abogados de EEUU (National Lawyers Guild), que fue adoptada en la convención que celebró el día 25 en Minneapolis (estado de Minnesota), comienza con una serie de considerandos en los que, en primer lugar, recoge que 'el Territorio Vasco es una área geográfica, históricamente definida por su lengua única, el euskara, que está conformado por cuatro provincias al norte de España y tres al sur de Francia, con aproximadamente 3,5 millones de habitantes en un territorio del tamaño de Nueva Jersey'. Prosigue haciendo mención a que la Constitución española 'fue rechazada por una mayoría abrumadora del pueblo vasco debido a su fracaso en reconocer el derecho de autodeterminación', y que 'hay ahora cerca de 700 presos políticos vascos' por 'expresarse a favor de una Euskal Herria independiente'.

'Existe una evidencia razonada sobre el uso de la tortura por las autoridades españolas, tal y como se desprende del 'Informe al Gobierno español del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos o Castigos Inhumanos o Degradantes' y del 'Informe E/CN.4/2002/76/Add.1 del Relator Especial de Naciones Unidas'', señala sobre las denuncias por torturas.

Una cuestión, la de los malos tratos, sobre la que incide indicando que 'TAT ha documentado que el 90% de los presos políticos vascos están condenados en base a información obtenida por la aplicación de la tortura' y que la aplicación del régimen de incomunicación 'ha sido condenada por organizaciones tales como Amnistía Internacional y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas por crear las condiciones que permiten el uso de la tortura al privar a los detenidos el derecho al acceso a un abogado y un médico de su confianza'.

National Lawyers Guild también destaca la situación de los prisioneros politicos: 'La política del Gobierno español de mantener la prisión preventiva por un período de hasta cuatro años sin juicio, a menudo en condiciones de aislamiento, es contraria al derecho a un juicio sin dilaciones'.

A continuación cita el cierre de medios de comunicación 'el Gobierno español ha cerrado forzosamente los periódicos 'Egin' y 'Egunkaria', así como la emisora de radio Egin Irratia, y arrestado a su personal de redacción y editorial' y la ilegalización de formaciones políticas 'ha ilegalizado el partido político Batasuna e impedido a su dirección de la participación en otros grupos políticos', junto a lo cual señala que, en ambos casos, no se ha celebrado juicio 'en un plazo razonable'.

Tras considerar que el Gobierno español 'justifica estas medidas de necesarias en el combate contra el terrorismo', National Lawyers Guild realiza varios llamamientos al Gobierno de Estados Unidos. Así, le insta a que demande al Ejecutivo del PP 'el respeto para los derechos de los ciudadanos vascos, tal y como es garantizado por la declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo cual incluye el derecho a no ser sujeto a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a detenciones arbitrarias; y a respetar la presunción de inocencia y el derecho a un juicio público en un plazo razonable de tiempo'.

También le emplaza a que exija al Gabinete Aznar 'el respeto para los derechos del pueblo vasco, a la libertad de opinión y de expresión, incluido el derecho a impartir información e ideas a través de la prensa, el derecho a la asamblea pacífica y el derecho a tomar parte en el gobierno a través de sus representantes electos'.

'Aquellos que abogan por el sacrificio de los derechos fundamentales en nombre de la seguridad ni consolidan la seguridad ni la justicia', asegura el texto aprobado, a la vez que hace un último llamamiento al Departamento de Estado de EEUU para que 'incluya en su próximo informe anual referente a España una reclamación al Gobierno español para que cese sus abusos contra el pueblo vasco'.

A un abogado vasco se le impidió la entrada en EEUU

Por M.J.. Las autoridades de Inmigración de EEUU impidieron la entrada en el país al abogado Urko Aiertza, quien estaba invitado a participar en la convención de National Lawyers Guild. Según informó ayer el letrado a Gara, 'cuando llegué al aeropuerto de Chicago, los de Inmigración me retuvieron durante nueve horas. Y sin darme explicación, sin razón aparente, me impidieron pasar. Todo ello, a pesar de que les dije que era abogado y que estaba invitado a la convención. Resultó en vano'. Ante lo ocurrido, Aiertza manifestó que el Gremio Nacional de Abogados de EEUU 'piensa que han existido presiones'. Y es que la abogada alemana Silke Studzinsky, miembro de la Asociación Europea de Abogados Demócratas (AED), que viajaba junto a Aiertza, pudo entrar en el país.

Tras explicar que 'tenía la oportunidad de ofrecer una conferencia con la que pretendía dar un testimonio sobre la vulneración de derechos en nuestro país', anunció que presentará sendas quejas ante AED y el Consejo Vasco de la Abogacía.

Una delegación visitó Euskal Herria en setiembre

Con objeto de realizar el informe acerca del ejercicio de los derechos fundamentales en Euskal Herria, una delegación de juristas compuesta por el abogado criminalista Wolfgang Bendler, la estudiante de Derecho y delegada estudiantil Saïda Benguerel, la profesora y especialista en abusos policiales Judith Berkan, el profesor y ex decano de una facultad de Derecho John Brittain y la abogada criminalista Silke Studzinsky realizó a finales de setiembre pasado una gira de cinco días para visitar Euskal Herria y el Estado español.

La delegación mantuvo entrevistas con el juez español Baltasar Garzón, abogados de prisioneros políticos vascos, miembros del Consejo Vasco de la Abogacía, trabajadores de algunos medios de comunicación clausurados, representantes de la izquierda abertzale, el Ministerio de Justicia, la Asociación Libre de Abogados y Jueces para la Democracia. La gira finalizó con la presentación, el 1 de octubre en Madrid, de las conclusiones preliminares del estudio.

(publicado el 30-10-2003 en el diario Gara)

Este es el original en inglés del texto aprobado:

RESOLUTION ON HUMAN RIGHTS ABUSES IN THE BASQUE TERRITORY

WHEREAS the Basque territory is a geographic area, historically defined by its unique language, Euskera, to include four provinces in northern Spain and three in southern France with approximately 3.5 million people in a landmass the size of New Jersey; and

WHEREAS the adoption of the Spanish Constitution of 1978 was rejected by the overwhelming majority of the Basque people because of its failure to allow for their self-determination, and there are now more than 700 Basque political prisoners held in Spanish prisons, many expressing belief in an independent Euskal Herria (the Basque Country); and

WHEREAS there exists credible evidence of the use of torture by Spanish authorities as evidenced by the "Report to the Spanish government from the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment" and "The UN Special Rapporteur on Human Rights on the Question of Torture Report E/CN.4/2002/76/add.1or"; and

WHEREAS the organization, Torturaren Aurkako Taldea, has documented that 90% of Basque political prisoners are convicted based on information obtained under torture; and

WHEREAS the Spanish government's practice of five-day period of incommunicado detention has been condemned by such groups as Amnesty International and United Nations Committee Against Torture for creating conditions that permit the use of torture while depriving detainees the right to access to a solicitor and doctor of their choice; and

WHEREAS the Spanish government's policy of detention of prisoners for as long as four years without trial, often in isolation, is contrary to the right of the accused to trial within a reasonable period of time; and

WHEREAS the Spanish government has forcibly closed the newspapers Egin, Egunkaria, and Berria, and the radio station, Egin Irratia, as well as arrested their editorial and reporting staff without a trial on the criminal charges in over five years in one case; and

WHEREAS Spain has banned the political party Batasuna and barred its leadership from participation in other political groups again without a trial on the criminal charges in a reasonable time; and

WHEREAS the Spanish government justifies these restrictive measures as necessary to combat terrorism.

THEREFORE BE IT RESOLVED:

That the National Lawyers Guild calls on the United States to demand that the Spanish government respect the rights of the Basque people as guaranteed by the United Nations Universal Declaration of Human Rights, which includes the right not to be subject to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, or to arbitrary arrests and detention; and to respect the presumption of innocence and the right to a public trial within a reasonable period of time; and

Further, the National Lawyers Guild calls on the United States to demand that the Spanish government respect the rights of the Basque people to freedom of opinion and expression, including the right to impart information and ideas through the media, the right to peacefully assemble and the right to take part in government through their chosen representatives; and

Further, the National Lawyers Guild recognizes that while the Spanish judicial authorities justify the severe security measures to eliminate terrorism; they fail to realize that those who would profess to sacrifice fundamental rights in the name of security may ensure neither security nor justice; and

Finally, the National Lawyers Guild calls on the U.S. State Department, in its next annual country report on Spain, to call on the Spanish government to cease its abuses of the Basque people.

Adopted this the 25th day of October 2003 by the National Lawyers Guild.

euskalkultura.eus

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