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Antonio Santos. «Los jueces somos muy corporativistas y no aflorarán las críticas, pero hay división en la carrera. Unos defienden la actuación procesal y otros la critican, aunque éstos callen en público». La magistratura vasca asiste, partida en dos, al proceso que se sigue en el Tribunal Superior [de Justicia del País Vasco, TSJPV] contra el lehendakari y el líder del PSE por sus reuniones con miembros de Batasuna. La profesión ha quedado desgajada entre quienes respaldan el proceder del instructor y de los magistrados de la Sala de lo Penal por hacer una «estricta lectura» del Código Penal y quienes, por contra, les reprochan que hayan «retorcido la ley» para ajustarla a su propia ideología, «de claro tinte antinacionalista y muy de derechas».

Los argumentos a favor y en contra del curso que ha tomado el procedimiento legal que sentará en el banquillo de los acusados a Juan José Ibarretxe, Patxi López, Rodolfo Ares, Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda abertzale son numerosos en uno y otro bando. Todos parten, sin embargo, de una misma premisa, al menos dentro de la carrera judicial: los pronunciamientos que se han venido sucediendo en el último año y medio no obedecen a que los magistrados se hayan dejado guiar por «instrucciones políticas» de sectores vinculados al PP.

«Lo de las conspiraciones, como la del 11-M, sólo sirven para las novelas, no para la vida real», reconocen desde el sector progresista. La 'teoría conspirativa' sí ha arraigado con fuerza entre el mundo nacionalista, que no ve con buenos ojos los lazos personales que ciertos magistrados del Superior vasco mantienen con miembros de la formación de María San Gil y que están convencidos de que un sector del Tribunal está «pagando un peaje» al partido que les propuso para ocupar despacho propio en el bilbaíno Palacio de Justicia.

La Magistratura coincide en que tanto Roberto Saiz --el juez que ha llevado la investigación y que esta semana ordenó abrir juicio oral contra los ocho encausados-- como el presidente del TSJPV Fernando Ruiz Piñeiro, Antonio García y la discrepante con los anteriores Nekane Bolado han actuado «con independencia» y «por convicciones». Una cualidad esta última que da argumentos por igual a defensores y detractores para explicar cómo es posible que el máximo representante político del País Vasco y el líder de la oposición sean juzgados por mantener un diálogo con una coalición ilegalizada.

«La ley es única»

Aquellos que secundan todos los pasos judiciales dados hasta ahora subrayan la «coherencia» y «rigurosidad» de los magistrados para llevar «a sus últimas consecuencias» la Ley de Partidos. «El Superior vasco es el único Tribunal de España que no ha sufrido vaivenes en la lectura de la norma. Han mantenido un mismo criterio antes del alto el fuego, durante el llamado proceso de paz y ahora. Ya le gustaría a la Audiencia Nacional y a algún juez de Madrid poder decir lo mismo», advierten. En este sentido, sostienen que «los hechos son los hechos», la «ley es única» y que, si la norma no gusta, «deberían haberla cambiado los políticos».

Además, precisan que la causa enjuicia en primer término el comportamiento de los representantes de un partido ilegalizado, «algunos de ellos ya encarcelados por ser parte de ETA». Según esta teoría, Ibarretxe, López y Ares no serían los protagonistas del procedimiento penal --a pesar del eco mediático que ello supone--, sino los «actores secundarios» por haber dado cobertura a quienes tienen prohibido desde 2003 «desarrollar cualquier actividad como partido». Este grupo espera que todo el proceso al lehendakari sirva para concienciar a la clase política de que «no están al margen de la ley», que los jueces «están atentos» a lo que los dirigentes hacen y que éstos no deben creerse «por encima del bien y el mal».

Enfrente se sitúan quienes sostienen que un sector de la Sala de lo Penal está «excesivamente ideologizado», por lo que ha «retorcido» la legislación para «adaptar» el 'caso Ibarretxe' a «sus propios principios». «Han llegado a un punto que la ideología prima por encima de lo que dice la ley», explican los jueces discrepantes, que están seguros de que la causa debería haberse archivado «hace mucho tiempo». Si no se ha dictado el sobreseimiento, entienden estas fuentes, es porque prevalecen las «ideas muy conservadoras y antinacionalistas» de una parte del tribunal que, hasta el momento, habría actuado «como una piña». Recuerdan, en este sentido, que el Consejo General del Poder Judicial, dominado por los conservadores durante el segundo mandato de José María Aznar, nombró a la mayoría de la actual Sala de lo Penal del Superior vasco, con el supuesto objetivo de «combatir al nacionalismo» desde los tribunales.

«Pena de banquillo»

Otra cuestión que separa a unos y otros es saber si existe un impulso personal de los propios magistrados para seguir adelante con la causa buscando un perjuicio, sobre todo, para el lehendakari, aunque también para los dos representantes del PSE. Los defensores de la actuación descartan esta posibilidad con una teoría muy básica: el proceso penal ha acabado por «encumbrar» a Ibarretxe dentro de su partido, cuando parecía que el propio PNV «lo daba por amortizado» y pensaba «en un sustituto». «Si los jueces hubieran querido lo peor para el lehendakari le hubieran dejado ir sin más. Habría sido lo más fácil para todos y se habrían ahorrado la campaña de acoso a la que se les ha sometido desde el Gobierno vasco y el tripartito», señalan quienes entienden que no ha habido «cálculo político ni electoral» en la operación.

Los detractores, por contra, hablan de cierta voluntad de algunos magistrados por castigar con «pena de banquillo» al jefe del Ejecutivo y al líder de la oposición vasca. «La foto como acusados, junto a Otegi en un estrado, puede ser impagable», advierten. En este sentido, recuerdan cómo el tripartito siempre ha denostado a los jueces que ejercen en Euskadi y cómo el primer plan de Ibarretxe apostaba por constituir una «Justicia vasca», diferente a la ya existente, por considerar que los magistrados servían al Estado y no a Euskadi. Aquel «éstos no son nuestros jueces» que llegarían a pronunciar el lehendakari y el consejero Joseba Azkarraga estaría, según algunos, detrás de «ciertas motivaciones». Tampoco habrían ayudado a «calmar los ánimos» iniciativas como la del Ejecutivo autónomo de retirar las viviendas oficiales a la cúpula judicial vasca ni las manifestaciones contra el TSJPV del último año.

Sea como fuere, todos son unánimes al advertir la «tremenda» crisis que se ha abierto con el enfrentamiento directo entre dos de los tres poderes que existen en Euskadi. La batalla entre el Ejecutivo y el Judicial, creen, ha generado tales heridas que muchos dudan que puedan cerrarse. «Ahora toca capear el temporal, aguantar y ver cuándo se pueden recuperar los puentes», aseguran. No será tarea fácil.

(publicado el 04-11-2007 en El Correo, de Bilbao)

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El encausamiento de Ibarretxe ahonda la división de los jueces; Un sector defiende la «coherencia» del TSJPV y otro reprocha las tesis «de derechas» de algunos magistrados (en El Correo)

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