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Entidades argentinas y vasco argentinas solicitan la liberación del ciudadano vasco Josu Lariz, cuyo juicio de extradición comienza mañana en Buenos Aires

07/06/2004

Josu Lariz en una foto de archivo con Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo
Josu Lariz en una foto de archivo con Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo

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Califican su detención en Uruguay, donde residía por más de 15 años, de 'ilegal', y su posterior expulsión a Argentina, donde lleva encarcelado año y medio, de 'atropello contra los derechos civiles'. El juicio de extradición contra Josu Lariz Iriondo se inicia mañana en Buenos Aires entre las protestas de numerosas entidades y asociaciones cívicas y sociales tanto uruguayas como argentinas a las que en los últimos días se han sumado varias euskal etxeas y grupos culturales vasco argentinos, en un caso que califican de 'no político, sino de evidente vulneración de los derechos humanos'.
Irene L. de Vicuña/Buenos Aires. Comienza mañana en Buenos Aires el juicio de extradición a Josu Lariz Iriondo, el ciudadano vasco que desde el mes de noviembre de 2002 permanece detenido en Argentina, a donde fue trasladado tras su expulsión del Uruguay, país en que trabajaba y residía desde hace más de quince años. Lariz Iriondo, quien a instancias del ejecutivo de Aznar había sido puesto en dos ocasiones en manos de la justicia uruguaya y seguidamente liberado por ésta al no encontrarse méritos para su deportación a España, fue finalmente expulsado en 2002 hacia Argentina por un decreto del ejecutivo uruguayo en manos de Jorge Batlle. El ciudadano vasco de 46 años se enfrentará mañana a su tercer juicio de extradición, esta vez del otro lado del Río de la Plata en un caso que ha despertado numerosas manifestaciones de solidaridad por parte de instituciones tanto argentinas como de la diáspora vasca, solicitando su libertad y el otorgamiento del refugio en el propio país sudamericano.

Nacido en Alzola (Gipuzkoa) hace 46 años, Josu Lariz Iriondo había sido trabajador de la empresa de fundición Alcorta y Unzueta y afiliado a LAB a finales de los 70, antes de trasladarse al Uruguay. En Montevideo se desempeñó como cocinero en los restaurantes Boga Boga, la Trainera y Baserri y se casó con Juana Tarallo, de nacionalidad uruguaya. La expulsión del "vasco Josu", como lo llaman sus amistades uruguayas, argentinas, de la comunidad vasca a ambos lados del Río de la Plata e incluso los carceleros de la dependencia policial porteña donde está detenido, tuvo una fortísima repercusión en el Uruguay, motivada en las graves irregularidades cometidas contra su persona.

Cuando en 1992 su extradición fue solicitada, junto a la de otros siete vascos residentes en Uruguay, la medida fue rechazada. La entrega a las autoridades españolas de tres de ellos motivó fuertes reclamos en Uruguay, que alcanzaron su punto más álgido en lo que más tarde se conoció como la Masacre del Filtro (ver más abajo).

Un nuevo pedido de extradición solicitado por el juez español Baltasar Garzón, acusando a Lariz de presuntas actividades vinculadas con ETA, había sido rechazado el 22 de noviembre de 2002. Sin embargo, la firma tras presiones españolas de un decreto de expulsión por parte del presidente uruguayo Jorge Batlle posibilitó que a las pocas horas de que la justicia lo liberara el cocinero vasco fuera trasladado al Aeropuerto Internacional de Carrasco escoltado por dos funcionarios policiales uruguayos. Allí un avión lo aguardaba para su traslado al Aeroparque Metropolitano porteño Jorge Newbery, donde lo esperaba personal de Interpol y de la Policía Federal Argentina para llevarlo a la Unidad de Delitos Antiterroristas y Complejos, donde permanece detenido hasta la fecha.

El 23 de noviembre de 2002, al día siguiente de su traslado a Buenos Aires, el diario uruguayo La República tituló en su primera plana "La jueza lo dejó libre y Batlle lo entregó a Aznar", en referencia al decreto firmado por el mandatario uruguayo. La expulsión motivó un fuerte rechazo, no tan sólo en la comunidad vasca, sino en la ciudadanía uruguaya y en la clase política de ese país en general. Fueron numerosas las declaraciones realizadas por los políticos uruguayos en oposición al procedimiento irregular empleado en la entrega de Lariz, entre ellas las del diputado socialista Guillermo Chifflet, en nombre del Encuentro Progresista-Frente Amplio, o las del representante del Partido Colorado Oscar Magurno, quien manifestó su indignación por lo que calificó "el atropello contra Lariz Iriondo".

En Argentina, numerosas instituciones comprometidas con los derechos humanos se han pronunciado en relación con el caso. En diciembre de 2002 Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y la Comisión Argentina de Solidaridad solicitaron al entonces Presidente Duhalde el rechazo del pedido de extradición, que se le otorgara el asilo y que ordenara al CEPARE la aceptación del pedido de refugio.

La causa está hoy a cargo del juez Claudio Bonadío, quien ha denegado las pruebas tendentes a demostrar el trasfondo de persecución política de las acusaciones que España mueve contra el imputado, quien ya ha sido juzgado y liberado por dos veces en Uruguay, en los años 1992 y 2001, por los mismos motivos que el actual proceso en Argentina, según denuncian los abogados de la defensa.

La masacre del Filtro

Antecedentes: El 15 de mayo de 1992 la policía uruguaya realiza un allanamiento en el conocido restaurante La Trainera de Montevideo, donde detuvo a 14 hombres y mujeres, entre ellos algunos vascos con diversos años de residencia en Uruguay. Varios de los detenidos fueron procesados por poseer cédulas de identidad apócrifas. Poco tiempo después la justicia española pidió la extradición de ocho de ellos. Uno de los cuatro pedidos de extradición denegados, tanto en primera como en segunda instancia, fue el de Lariz Iriondo. El juez penal A. Gómez Tedeschi hizo lugar a cuatro de las solicitudes pero el tribunal de apelaciones competente rechazó una de ellas y confirmo las tres restantes. La entrega de Jesús Goitia, José María Lizarralde y Michel Ibáñez Oteiza a las autoridades españolas no podía concretarse, según la legislación vigente en el país, mientras no estuviese clausurada la causa penal en Uruguay.

Cuando el juez que entendía en el expediente por el uso del certificado falso dispuso la excarcelación de los tres procesados, transcurrido el máximo tiempo de reclusión permitido, debían según la ley haber sido puestos en libertad. Sin embargo, según denunciaron sus abogados, 'fueron indebidamente mantenidos en la cárcel hasta que se concretó la entrega a España. Inesperadamente, el fiscal Langón dispuso el sobreseimiento con lo cual la causa uruguaya de los tres vascos quedó clausurada, habilitando la entrega al gobierno español'.

A raíz de ello se produjeron una serie de marchas de protesta y manifestaciones ciudadanas en denuncia de lo que calificaron como 'irregularidades cometidas por las autoridades uruguayas debido a presiones del gobierno español', 'en defensa de la soberanía uruguaya', y 'en solidaridad con los detenidos' que, por los problemas de salud derivados de la huelga de hambre que llevaron a cabo, debieron ser internados en el Hospital Filtro. Finalmente, el 24 de agosto de 1994, cuando todo estaba dispuesto para el traslado a España, tuvo lugar en las inmediaciones del Hospital Filtro una manifestación de protesta ferozmente reprimida por la Policía en la que un manifestante fue muerto y decenas de personas resultaron heridas. Según señalan fuentes vasco uruguayas consultadas por este boletín, 'sospechosamente, el por entonces ministro del Interior del gobierno uruguayo presidido por Luis Lacalle, Angel Gianola sería al poco tiempo condecorado con la Gran Cruz de la Reina Isabel la Católica, una de las más altas condecoraciones que entrega el gobierno español'.


Enlaces relacionados

Informe del Serpaj (Servicio de Paz y Justicia) sobre el caso Lariz
En la página web de Diáspora Vasca

'Petition on line' (petición a la presidencia de la Nación Argentina)
'Libertad y refugio para Lariz'


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