[Ante una nueva 'guerra de banderas' del PP, que pretende, vía judicial, obligarle a poner la española], Gobierno Vasco defiende la legalidad de no colocar ninguna bandera (en El Correo)

[El PP advierte a Ibarretxe de que si no hace ondear la enseña española podría incurrir en un delito de desobediencia con «responsabilidades penales»]

O. Barriuso. El Gobierno vasco no está dispuesto a hacer ondear la bandera española en sus sedes oficiales, tal como le obliga una sentencia dictada la semana pasada por el Tribunal Supremo, ya que entiende que la solución que ha venido adoptando desde hace años --no colocar ninguna-- se ajusta a la legalidad. Desde hace casi tres décadas, los sucesivos Ejecutivos vascos han defendido que la ley sólo obligaba a colocar la enseña estatal en sus sedes si en ellas ondeaban otras banderas y así lo sigue considerando el Gabinete Ibarretxe. En ese contexto deben entenderse las escuetas y más bien crípticas declaraciones hechas ayer por portavoces oficiales del Gobierno de Vitoria, que se limitaron a subrayar que el Ejecutivo «cumplirá la ley».

El lehendakari Ibarretxe se pronunció en marzo sobre el asunto en sede parlamentaria, a preguntas del PP sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que obligaba a colocar el símbolo estatal en la academia de la Ertzaintza en Arkaute, donde desde hace tres años no ondea ninguna bandera e incluso fue derribado el mástil que sujetaba una solitaria ikurriña. El Supremo declara firme esa resolución judicial y rechaza el recurso de casación que el Ejecutivo había presentado en su contra. Entonces, el presidente vasco ya recalcó que el Gobierno de Vitoria «lleva 26 años cumpliendo escrupulosamente las leyes» y aprovechó para recriminar a los populares por resucitar «la guerra de las banderas y de los signos».

Los socios menores del tripartito se mostraron ayer aún más explícitos y dejaron patente que el Gobierno vasco no se considera obligado a recuperar la bandera española. El secretario de Organización de EA, Rafael Larreina, lamentó la «imposición» de una legalidad «sin legitimación social» en Euskadi, que, según dijo, sólo genera «división y crispación». El dirigente nacionalista recurrió al ejemplo de «otros Estados sólidos, de larga raigambre democrática y con problema políticos similares» como Canadá y Reino Unido.

«Tesis retrógradas»

En Quebec, precisó, ondea la enseña propia en la Asamblea Nacional y en las sedes gubernamentales y «lo mismo ocurre en Escocia», «sin ningún problema». Por eso, anunció que EA propondrá a sus socios de PNV y EB el impulso de iniciativas parlamentarias «que den respuesta» a la ley de banderas.

EB incidió en que la solución es no colocar ninguna enseña, «como símbolo de entendimiento y encuentro entre las sensibilidades e ideologías». El parlamentario Oskar Matute calificó el fallo del Supremo de «inoportuno e improcedente» y acusó al Alto Tribunal de «alimentar las tesis más retrogradas del PP», al incitar al «resurgimiento de la guerra de las banderas».

Los populares no perdieron la ocasión de urgir al Gabinete Ibarretxe para que dé cumplimiento cuanto antes a una sentencia por la que no ocultaron su «satisfacción» ya que, a su juicio «pone en valor, con seriedad y rigor», el pacto constitucional. El parlamentario del PP vasco Carlos Urquijo ya ha registrado en la Cámara una interpelación dirigida al lehendakari, en la que le insta a «concretar» la fecha en que va a acatar el fallo del Supremo tras «26 años de incumplimiento». Urquijo apremió a Ibarretxe a dar la orden para colocar las banderas españolas porque, de lo contrario, advirtió, podría incurrir en un nuevo delito de desobediencia --precisamente el tipo penal por el que tiene una causa abierta en el Tribunal Superior vasco-- que podría «acarrear responsabilidades de tipo penal».

El Foro Ermua se sumó al requerimiento del PP al exigir al Gobierno vasco la presencia de la bandera española en los edificios autonómicos y aseguró que, si en unos meses no se cumple, iniciará «las acciones necesarias, incluida la vía penal». Este colectivo explicó, asimismo, que hace dos meses pidió al Ejecutivo que los ertzainas seleccionados en la última promoción, que tomarán posesión en breve, «juren o prometan cumplir la Constitución española para que puedan adquirir el derecho a actuar como agentes de la autoridad».

Los alcaldes de Bilbao y San Sebastián optaron por no profundizar en el asunto, pese a que la resolución judicial extiende el imperativo a los ayuntamientos y a las tres diputaciones forales. Iñaki Azkuna despachó el asunto con un «no hay comentarios» y recordó que el fallo «se dirige al Gobierno vasco». Odón Elorza abogó por aparcar «temas rancios del pasado».

(publicado el 02-08-2007 en El Correo)

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