Indignación en Euskadi: Una sentencia del Supremo español 'anula', de hecho, 'el Concierto Económico' vasco

De «el mayor atentado contra el autogobierno vasco», que «anula de hecho la autonomía fiscal vasca» ha sido considerada la sentencia del Tribunal Supremo español en la que elimina y declarada ilegales diez normas del Impuesto Vasco de Sociedades. El diputado general de Gipuzkoa afirma que «estamos en manos de irresponsables». El diputado alavés de Hacienda (PP) denuncia que el Supremo «se ha metido en una labor de unificación del sistema tributario español que ni le corresponde ni le ha pedido nadie». Gobierno Vasco, diputaciones y empresarios consideran que el fallo del Alto Tribunal «convierte el Concierto en papel mojado y constituye un atentado contra la esencia del Estado autonómico». Así lo cuentan los diversos diarios vascos en sus ediciones de hoy.

Miguel Angel Mata/Diario Vasco. Sorpresa, indignación y preocupación. Las instituciones políticas y empresariales del País Vasco coincidieron ayer en mostrar su rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo que, atendiendo una denuncia de la patronal de La Rioja, declara ilegales diez artículos del Impuesto de Sociedades vasco que suponen una ventaja tributaria respecto al resto de comunidades y que obligará a las haciendas vascas a modificar de forma inmediata el articulado de este impuesto.

El fallo ha sido interpretado en Euskadi como un «ataque al Concierto Económico» que anula de facto la autonomía fiscal vasca. Esto es, la capacidad que tienen las diputaciones de establecer su propia normativa tributaria siempre que --como dicta el Concierto-- se mantenga una presión fiscal efectiva global equivalente a la del resto del Estado. Por este motivo Gobierno Vasco, diputaciones y empresarios consideran que el fallo del Alto Tribunal es «el mayor ataque al autogobierno y un atentado contra la esencia del Estado autonómico».

Las diputaciones y la patronal Confebask analizan las posibilidades de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Opción que varias fuentes estiman, no obstante, «de dudosa viabilidad». La Diputación de Álava pidió al Ministerio de Hacienda que se «implique en la defensa» del Concierto. Fuentes del Ministerio consultadas por DV se limitaron a mostrar su «absoluto respeto» por todas las decisiones judiciales y señalaron que, en principio, ésta es una «cuestión judicial en la que el Gobierno no debe entrar».

El Supremo ha anulado, en una sentencia del 9 de diciembre de 2004, las principales ventajas fiscales del Impuesto de Sociedades vasco respecto al estatal, vigentes desde 1996. Entre ellas, el tipo de gravamen general sobre los beneficios (32,5% frente al 35%), las ventajas por mantener la sede fiscal en Euskadi, la libertad de amortización para pymes y las deducciones por inversión en activos nuevos o por crear empleo fijo.

Nuevo impuesto

La sentencia obliga a las haciendas vascas a modificar de forma inmediata el articulado del Impuesto de Sociedades y eliminar (o al menos reducir) las ventajas que presenta respecto al vigente en territorio común. Los servicios jurídicos de las tres diputaciones analizan ya las opciones que deja abiertas el fallo para que los responsables de cada una de las haciendas puedan trabajar en la elaboración de una nueva norma consensuada.

Los diputados generales de Gipuzkoa, Vizcaya y Álava lamentaron ayer por separado que la sentencia demuestra «un gran desconocimiento de lo que es y significa el Concierto». El fallo apela al Derecho comunitario para sentenciar que estas ventajas «hay que considerarlas ayudas de Estado» y, por tanto, ilegales.

Fue el diputado alavés, Ramón Rabanera (PP), quien recordó que el Concierto es una ley «aprobada por la inmensa mayoría de las Cortes Generales y no un invento vasco». El diputado de Hacienda de este territorio, Juan Antonio Zárate, añadió en este sentido que «las normas anuladas no estaban siendo cuestionadas ni por el Gobierno de España ni por la Unión Europea», por lo que denunció que el Supremo «se ha metido en una labor de unificación del sistema tributario español que ni le corresponde ni le ha pedido nadie». «Hasta en la época franquista se permitía una tabla de amortizaciones distinta en Euskadi», subrayó.

El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao (PNV), lamentó por su parte que la sentencia «deja en papel mojado la Ley de Concierto». Mostró su contrariedad porque el Supremo «ha cambiado su propia doctrina» y ahora «niega la capacidad normativa de las instituciones vascas», cuestión que nunca había sido puesta en entredicho ni por los diferentes gobiernos del Estado ni por la UE en los diferentes litigios a cuenta de las vacaciones fiscales. Por ello afirmó que «ha perdido la fe en la Justicia» y fue el que más escéptico se mostró ante la viabilidad de un recurso.

«Subordinación»

Bilbao criticó por último que con esta sentencia el Tribunal establece que el sistema tributario vasco «está subordinado» al español, por lo que «niega la existencia de cinco haciendas» en España (Gipuzkoa, Vizcaya, Álava, Navarra y la de territorio común).

Su homólogo en Gipuzkoa, Joxe Joan González de Txabarri (PNV), consideró la sentencia «una aberración jurídica» y un «torpedo en la línea de flotación de las instituciones forales vascas». El diputado general aseguró que anular la autonomía fiscal «deja buenas muestras de que estamos en manos de auténticos irresponsables».

La patronal Confebask mostró su «disgusto, preocupación y rechazo» ante la sentencia, que «supone en la práctica dejar vacío de contenido el elemento angular y más trascendente del autogobierno vasco», el Concierto Económico, y la capacidad normativa en materia fiscal que de él se deriva. Los empresarios lamentaron que incluso «quedan sin efecto los acuerdos que en 2002 firmaron los gobiernos central y vasco tanto para la regulación del nuevo Concierto como para la firma de la llamada paz fiscal». Confebask consideró necesario interponer recurso ante el Tribunal Constitucional «para que se restaure la situación preexistente».

El Círculo de Empresarios Vascos anunció que apoyará «todos los recursos que se interpongan» y reiteró su defensa del Concierto, en su doble vertiente de «fundamento de autogobierno y sistema tribuatrio singular que proporciona seguridad y estabilidad a todas las empresas».

(publicado el 28-01-2005 en El Diario Vasco)

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