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Más de trescientos abogados vascos, fundamentalmente vizcaínos, han suscrito un documento en el que se califica de «ilegal, inconstitucional e ilegítimo» el cierre del diario Egunkaria. Los letrados basan su rechazo a la medida en «criterios técnicos y jurídicos». Félix Cañada, uno de los promotores del documento, explicó ayer, en rueda de prensa en Bilbao, que tras conocer la medida cautelar dictada por la Audiencia Nacional varios abogados vizcaínos se reunieron para analizar lo que consideraban una decisión jurídica «nula de pleno derecho».

El texto, promovido por el Colegio de Abogados de Vizcaya, fue redactado el pasado fin de semana y remitido a unos 600 letrados de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Los impulsores se sorprendieron al comprobar el nivel de adhesión conseguido, ya que un total de 315, más de la mitad, lo han suscrito hasta la fecha. Los promotores anunciaron que el manifiesto lo remitirán en próximos días a otros Colegios de Abogados del Estado.

Cañada dijo que el análisis jurídico del procedimiento iniciado por el juez Del Olmo revela que el cierre del diario, «aunque sea provisional, es una gravísima medida cautelar». A su juicio, la clausura «perjudica no sólo a los imputados, sino también a los miles de lectores y suscriptores que tenía, además de los acreedores y proveedores de la empresa». Los firmantes reclaman a la Audiencia Nacional «que rectifique inmediatamente su decisión y trate de acomodarla a la legalidad vigente».

«Quiebra y desaparición»

Cañada explicó que este cierre, aunque sea temporal, puede llevar en la práctica a la quiebra de la empresa y a la desaparición definitiva del único medio de prensa diario en euskera. «Las medidas cautelares deben ser lo menos gravosa posibles, que en este caso el juez no cumple, y nunca deben ser una anticipación de la pena», argumentó.

El portavoz de los abogados indicó que si Del Olmo trata de impedir que los administradores del diario sigan delinquiendo, tiene otras recursos jurídicos para impedirlo, antes que dictar el cierre de Egunkaria, como el nombramiento de un interventor judicial o un coadministrador, según expuso.

Cañada destacó las «irregularidades del proceso» judicial, ya que la suspensión de actividades de una empresa viene dada «previa audiencia de los representantes de la entidad afectada», para «darles una oportunidad de defensa», circunstancia que en este caso no se ha producido, según denunció.

Preguntó al juez «qué delito concreto ha llevado al cierre», ya que todos los hechos delictivos que se les imputan a los responsables del diario se remontan a hace más de diez años y nunca antes se ha abierto ningún otro procedimiento por apología del terrorismo, tras más de 4.000 números de Egunkaria. El letrado recordó que Del Olmo comenzó su carrera como juez en Durango, por lo que los abogados vascos conocían «otras actuaciones desmesuradas» del citado juez, como se denuncia en la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya sobre el crimen de Orozko.

(artículo publicado el 01-03-2003 en El Diario Vasco)