'Euskalerria Irratia' solicita a la Defensora del Pueblo que intervenga; la emisora desconfía de que el gobierno adjudique las licencias con rigor y justicia (en Diario de Noticias)

M. Bidegain/Pamplona. La emisora Euskalerria Irratia ha solicitado la intervención de la Defensora del Pueblo, María Jesús Aranda, 'para que vele por que el proceso de adjudicación de concesiones radiofónicas de FM que la Administración Foral tiene entre manos cumpla las necesarias garantías de rigor, transparencia, equidad y justicia', algo que considera que está 'en entredicho, si no totalmente ausente'.

En el escrito dirigido a Aranda se recuerda que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, dice que la Administración foral debe proceder al reparto de dos concesiones de radio en Pamplona, al haber sido anulada la resolución del año 1998, para lo que debe reunirse la Mesa de contratación.

Añade que en el pleno del Parlamento celebrado el pasado 2 de marzo 2006, el presidente del Gobierno afirmó que iba a ser convocada la Mesa, y que el 9 de marzo, en la Comisión de Régimen Foral, el presidente aseguró que el retraso en la constitución de la Mesa se debía a que tuvieron que hacer consultas a servicios jurídicos sobre sus componentes. 'No informó que la Mesa se había constituido y reunido, y que había adoptado ya una serie de decisiones', hechos de los que los responsables de la emisora han tenido conocimiento de forma extraoficial, así como de la aprobación de distintas órdenes forales para nombrar a los miembros de la Mesa, convocar reunión de la misma y, 'una vez reunida, a través de una nueva orden foral se convocó y resolvió la adjudicación de un estudio de asesoramiento, a una firma privada, en concreto a una consultoría de ingeniería llamada Doxa'.

De todas actuaciones 'no ha habido notificación ninguna, ni se ha publicado hasta la fecha en Boletín Oficial', denuncia Euskalerria Irratia, que resalta que 'están jugando con un secretismo absoluto, con prisas, en un proceso con características excepcionales tanto por el hermetismo como por la celeridad con que parece que quieren llegar a resolver la cuestión'.

El lunes 20 de marzo el portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, confirmó que efectivamente se había pedido informe de asesoramiento a una entidad ajena a la Administración: 'Es ésta la única declaración en que se reconoce oficialmente que la Mesa de contratación está en activo. Pero fue una información parcial, incompleta, insuficiente', critica la emisora, que cita en su escrito que en dos ocasiones (16 y 21 de marzo) 'hemos solicitado a través del Registro del Gobierno de Navarra que se nos facilite información cierta y completa del desarrollo del procedimiento. No hemos obtenido respuesta'.

Panorama oscuro

'Todos estos hechos configuran un panorama oscuro, con la falta de información y el secretismo por norma, que conlleva la posible vulneración de derechos, como el de la posibilidad de recusar determinados nombramientos de la Mesa u otros, y que hace pensar con toda lógica que estamos ante un procedimiento viciado, carente de las necesarias garantías de transparencia, rigor, objetividad y de justicia', afirma el texto enviado a María Jesús Aranda.

Asimismo, se citan 'una serie de vicios que oscurecen y contaminan', a su juicio, el proceso, como la presencia en la Mesa de Ángel Sanz Barea, 'artífice de la irregularidad cometida el año 98 y que privó de concesión a Iruñeko Komunikabideak'. Asegura que 'carece de la garantía de imparcialidad para participar en el proceso de adjudicación', y advierte que 'cualquier decisión que adopte o haya adoptado está lastrada por la sospecha de dirigir y predeterminar el resultado', entre otras cosas porque 'su conducta fue explicita y contundentemente afeada por los jueces del TSJN'.

Añade que 'se nos ha impedido el ejercicio de nuestro derecho a recusar el nombramiento del sr. Sanz Barea como miembro de la Mesa' porque 'no hemos tenido opción: no se ha hecho público, ni se nos ha notificado'. Además, critica que 'no se ha aprovechado para corregir un gran error: en la Mesa no hay personas con formación en materia de medios de comunicación, tampoco han solicitado informe o asesoramiento a Gabinete de Prensa y Comunicación del Gobierno de Navarra, y han prescindido de informes valorativos realizados por orden del juez'.

Gasto injustificado

Frente a ello, 'se pide un informe a una entidad ajena a la Administración. No se explica la necesidad de recurrir a esta tipo de asesoramiento y de la misma manera se desconoce por qué se oculta ese acuerdo o por qué se recurre a procedimientos administrativos de celeridad excepcional. Prisas y oscurantismo configuran una actuación ciertamente sospechosa', comenta la emisora, que denuncia que la petición del informe 'genera un gasto innecesario, o al menos injustificado, de 30.000 euros'.

Otro de los 'vicios' que denuncia Euskalerria Irratia es la relación contractual entre la ingeniería Doxa con el Gobierno de Navarra, 'lo que objetivamente oscurece la garantía de imparcialidad. Con toda probabilidad tratará de complacer a la Administración, dándole la respuesta que desea', aventura la emisora en su carta.

También cita la vinculación de Doxa con el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) de la Universidad de Navarra: 'Doxa debería haber renunciado, como lo hizo Deloitte', que renunció a participar en el concurso a pesar de haber sido invitada por el Gobierno foral haciendo constar vinculaciones contractuales 'que nos privan de la necesaria independencia para desarrollar el trabajo'.

También recelan los responsables de la emisora por el precedente de la adjudicación de 1998: 'El concurso se resolvió irregularmente, además, la Administración ha mostrado resistencia a reconocer el error cometido. Parece abocado a reincidir'.

Por todo ello reclaman 'la intervención de la Defensora del Pueblo-Ararteko, para que haciendo uso de sus facultades interceda ante la Administración foral para que ésta corrija los defectos y vicios que se observan en el procedimiento para el reparto de las concesiones de radio FM'.

Euskalerria Irratia pide a María Jesús Aranda que exija, 'en la medida en que sus competencias lo permitan, la máxima transparencia, la comunicación y notificación de cada uno de los pasos y decisiones, además de la justificación (los porqués) de cada una de ellas. También que las sucesivas actuaciones se ajusten a derecho y se evite toda sombra de parcialidad y predeterminación de la decisión'.

'Proponemos, en definitiva, que se garantice que el proceso de adjudicación de las concesiones radiofónicas sea justo, riguroso y objetivo', concluye la carta enviada a la Defensora del Pueblo.

(publicado el 03-04-2006 en Diario de Noticias de Navarra)

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'Euskalerria Irratia' solicita a la Defensora del Pueblo que intervenga; la emisora desconfía de que el gobierno adjudique las licencias con rigor y justicia (en Diario de Noticias)

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