Confirmada la paralización cautelar de la extradición de los vascos de México. La juez ha decidido estimar la suspensión hasta que se resuelva el fondo del recurso de amparo que presentaron (en Gara)

[La juez Marta María del Carmen Hernández ha ratificado la suspensión de la extradición de los seis presos vascos en México hasta que se resuelva el fondo del amparo que presentaron. La abogada Bárbara Zamora valoró positivamente esta resolución porque «de otra manera, podrían ser trasladados a España pese a la demanda de amparo». Destacó además el acuerdo tomado anteayer por el Congreso mexicano instando al Gobierno a corregir su decisión]

Donostia. Los seis ciudadanos vascos presos en México desde hace más de un año no podrán ser extraditados hasta que se resuelva el fondo de los amparos que interpusieron. Así lo ha determinado la juez Marta María del Carmen Hernández, que la pasada semana ya concedió la suspensión provisional de la medida adoptada por la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México.

Para la abogada Bárbara Zamora, ésta es una buena noticia porque «de otra manera podrían ser trasladados a España pese a haber una demanda de amparo por medio».

Hernández ha decidido ratificar esta decisión tras analizar el caso con detenimiento. Tenía al menos otras dos opciones: permitir que se ejecutase la extradición antes de resolverse el fondo de la cuestión o dejar la resolución final en manos de otro juzgado.

El siguiente paso de este proceso, que se puede prolongar todavía durante meses o incluso durante un año, será un acto judicial llamado «Audiencia Constitucional» que, en un principio, han convocado para el próximo 8 de setiembre. De todas formas, según señaló Zamora, es muy posible que se retrase ya que para celebrarse la jueza Hernández debe contar con todos los informes requeridos ya a la SRE, a la Procuradoría General de la República, al Congreso de la Unión y a la Presidencia de la República.

En él se estudiará si el proceso ha sido adecuado a la Constitución mexicana y ha contado con las garantías pertinentes. Muchas voces de juristas y otras personalidades de aquel país subrayan que con la decisión de avalar la extradición se vulnera el derecho de asilo.

Zamora destacó muy positivamente tanto la decisión judicial como el acuerdo adoptado por el Congreso mexicano la víspera, del que se da cuenta en el texto de abajo: «Existe una percepción en instancias políticas de que este proceso ha sido manipulado y de que se han producido múltiples irregularidades e ilegalidades. Hay una gran opinión a favor nuestro», concluyó la abogada defensora de los seis vascos.

EL CONGRESO INSTA A FOX A CORREGIR EL FALLO 'SI PROCEDE'

R.S./Iruñea. La decisión judicial conocida ayer concede todavía más valor a un acuerdo adoptado por el Congreso mexicano un día antes. Su Comisión Permanente analizó la cuestión de los vascos y decidió «exhortar» al Gobierno de Vicente Fox a revocar la extradición ya concedida «en caso de ser jurídicamente procedente».

El acuerdo incluye un segundo punto que insta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a «iniciar una investigación sobre las probables violaciones a los derechos humanos que se hubieran cometido en el trámite de extradición de los seis ciudadanos de origen vasco».

El texto llegó a la Comisión Permanente tras un trámite en el que se rebajó su contenido inicial. Pese a ello, se mantienen consideraciones como la de que «la determinación de la Cancillería [en favor de la extradición] considera aspectos de orden político más que jurídico, como lo muestra el hecho de que tres mexicanos hayan sido detenidos, acusados de los mismos delitos que los vascos, y que hayan sido liberados por falta de pruebas. Lo anterior despierta la sospecha de que la resolución de la Cancillería busca atender intereses del exterior más que el respeto del Estado de Derecho».

El acuerdo mayoritario del Congreso apunta igualmente que «parece haber un doble discurso del Ejecutivo, que por un lado reitera su compromiso con los derechos fundamentales en México y por el otro realiza acciones que los violentan. La actitud de la Cancillería contraviene la tradición de la política exterior mexicana que garantizaba la defensa de los derechos de perseguidos políticos», añade.

Riesgo para detenidos

El texto inicial, finalmente aprobado con enmiendas, fue presentado por el congresista Gilberto Ensástiga, del PRD. En él se hacían referencia directas, que finalmente han sido retiradas para facilitar el acuerdo, a los informes de Amnistía Internacional, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité contra la Tortura de la ONU o el Comité Europeo contra la Tortura sobre la existencia de esta práctica contra los vascos.

Pese a ello, el texto finalmente avalado sí deja claro que «en caso de consumarse su extradición, los ciudadanos de origen vascos estarían en riesgo de sufrir violaciones graves a sus derechos humanos fundamentales, de lo cual el Estado mexicano no podría eludir su parte de responsabilidad».

El acuerdo aprobado el miércoles ya mencionaba que era posible que la jueza confirmara la suspensión de la extradición, como ocurrió en el día de ayer.

(publicado el 27-08-2004 en Gara)

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