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Gibel ekaitzari, bular aldi onari

Los resultados de las elecciones al Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca del 20 de julio de 2020 perfilaron una nueva mayoría que ha posibilitado la formación de un gobierno de coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Se garantizaba así la reelección de Iñigo Urkullu como Lehendakari, en la que se prevé una de las legislaturas más complicadas desde la crisis financiera y económica de 2008, como resultado, principalmente, de las consecuencias de la COVID-19.

Mientras tanto el mundo vasco institucional de más allá de las fronteras de Euskal Herria se debate entre la mera supervivencia física de sus organizaciones y el trasvase de sus actividades a las redes sociales online, en algunos casos con estupendos resultados, por otro lado. Sin embargo, la tenacidad y la resiliencia que exhiben las instituciones de la diáspora vasca no garantizan por sí solas su continuidad en el tiempo, particularmente en aquellos países donde la pandemia sigue trágicamente descontrolada.

Se hace más necesaria que nunca la colaboración entre las diferentes instituciones públicas de Euskadi (y por qué no también privadas) —con la participación de la diáspora como agente activo— en la puesta en marcha de un plan estratégico a medio y largo plazo que aborde íntegramente los efectos de la pandemia.

Durante el acto institucional del Día de la Diáspora Vasca del 8 de septiembre de 2020 en Ormaiztegi (Gipuzkoa) el Lehendakari Urkullu reafirmó su “compromiso” para “seguir trabajando por este Pueblo, por todas las vascas y vascos en Euskadi y el mundo”. No es tiempo de “austeridad” abogaba el Gobierno Vasco al presentar su primer borrador del presupuesto anual. El gobierno acaba de remitir al Parlamento el Programa de Gobierno de la XII Legislatura, "Euskadi en marcha" (2020-2024), en el que se hace explicita referencia al compromiso con la diáspora en los siguientes términos:

"Ampliar los programas de apoyo a las iniciativas y proyectos de las Euskal Etxeak con un Plan de trabajo específico para la juventud, con la finalidad de garantizar el relevo generacional"; "Consolidar y ampliar la red virtual “Basque Global network” para configurar una verdadera comunidad vasca global en el mundo"; "Establecer un mapa de la nueva emigración vasca para diseñar políticas de atención y vinculación adecuadas a esta nueva diáspora"; "Atender a personas vascas en el exterior en situaciones de vulnerabilidad"; y "Prestar asesoramiento a las personas que decidan regresar, informándolas de los programas e iniciativas a su alcance".

Aún más, la Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior presentó en la última reunión de la Organización Vasca de Norte América (NABO), celebrada online el 10 de octubre de 2020, su compromiso de “cambiar y adaptar” la Ley 8/1994, de 27 de mayo, que establece las relaciones entre las instituciones públicas vascas y las colectividades y centros vascos de la diáspora.

Recordemos que el Gobierno de Catalunya renovó su ley sobre la diáspora catalana en 2002 y en 2017, siendo la primera de 1996. Igualmente hicieron los gobiernos de España (2006), Extremadura (2009) o Galicia (2013). Aunque con un grave retraso, la actualización en Euskadi de la Ley 8/1994 es una excelente noticia. Con su más que necesaria renovación, el Gobierno Vasco contará (esperemos que sea así) con una nueva herramienta, más útil y eficaz, para hacer frente de manera efectiva a las nuevas realidades de movilidad y retorno existentes en el siglo XXI y a las necesidades y demandas reales de la ciudadanía histórica y contemporánea vasca en el Exterior. Tiempo al tiempo.

Con el rumbo fijado en el horizonte de los próximos cuatro años, y ante los envites, por ahora imparables, de la COVID-19, Euskadi afronta una nueva singladura. ¿Se encontrará la sociedad vasca del exterior abordo?

Hay que volver la espalda a la tormenta y tener ánimo ante el buen tiempo.