El Gobierno Vasco ha presentado recientemente el Anteproyecto de Ley de la Diáspora Vasca, abriendo una nueva etapa en el debate sobre las relaciones entre Euskadi y su comunidad exterior.
Se trata, probablemente, de la reforma más importante de la política pública vasca hacia la diáspora, y también hacia la internacionalización de Euskadi, desde la aprobación de la Ley 8/1994, de 27 de mayo, de relaciones con las colectividades y centros vascos en el exterior de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
No es extraño, por tanto, que su publicación haya despertado interés tanto entre numerosos miembros de la diáspora como entre quienes hemos dedicado buena parte de nuestra trayectoria profesional a estudiar las migraciones vascas, las Euskal Etxeak y las distintas formas de vinculación entre Euskadi y sus comunidades repartidas por el mundo.
De izquierda a derecha: Carmelo Urza, director del programa University Studies Abroad Consortium (USAC); Jokin Intxausti Larrauri (1937–1986), primer responsable de las relaciones con los centros y comunidades vascas en el exterior del Gobierno Vasco; y William Douglass, coordinador del Programa de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, Reno, durante la visita institucional realizada por Jokin Intxausti a Reno en febrero de 1986, en uno de los primeros años de desarrollo de la política vasca de relaciones con la diáspora. (Basque Studies Library Collection).
MOVIDO por el interés profesional y personal que siempre me han suscitado las políticas de diáspora, he dedicado algún tiempo a analizar el texto y a compararlo tanto con la vigente Ley 8/1994, como con otras normas autonómicas de España sobre ciudadanía exterior y diáspora aprobadas durante los últimos años. El resultado es el informe preliminar que acompaña esta entrada.
Mi conclusión general es positiva, pero cauta. El anteproyecto representa un esfuerzo serio por actualizar una ley aprobada hace más de treinta años y adaptarla a una realidad profundamente distinta. Comunidades virtuales, ciudadanía vasca residente en el exterior, movilidad internacional, retorno, talento o afinidad con Euskadi son cuestiones que apenas existían —o no existían en absoluto— cuando se aprobó la aún vigente Ley 8/1994.
Me parece especialmente interesante la incorporación de la idea de “diasporizar”, es decir, de integrar la perspectiva de la diáspora en el conjunto de las políticas públicas vascas. No deja de resultar significativo que, según una encuesta en la que participé hace ya más de una década, cerca del 60% de la población de la Comunidad Autónoma Vasca afirmara no saber qué era la diáspora vasca o no tener una opinión formada sobre ella. En cierta medida, el anteproyecto parece asumir que la diáspora no es únicamente una realidad exterior, sino también una cuestión que interpela a la propia sociedad vasca. Quizá uno de sus mayores desafíos sea precisamente ese: ayudar a que Euskadi conozca mejor a su propia diáspora y que su presencia sea, por fin, normalizada en la vida cotidiana de la sociedad.
AL MISMO TIEMPO, la lectura del texto deja una impresión clara: gran parte de su alcance real dependerá de lo que ocurra después de la aprobación de la ley, lo que no estará libre de escollos jurídicos y competenciales. El desarrollo reglamentario, la voluntad política de los futuros gobiernos, los recursos humanos y presupuestarios disponibles y la capacidad de las instituciones para coordinar políticas transversales serán tan importantes como la propia ley. Dicho de otro modo, muchas de las preguntas más interesantes que plantea el anteproyecto todavía no encuentran una respuesta definitiva en el propio texto.
Percibo que el anteproyecto ha sido concebido con una vocación de largo recorrido. Más que responder únicamente a las necesidades actuales de la diáspora vasca, parece intentar construir un marco suficientemente amplio y flexible para las próximas décadas. La pregunta es si esa amplitud permitirá adaptarse mejor a los cambios futuros o si trasladará algunas de las decisiones más complejas a un momento posterior.
El informe no pretende responder de forma definitiva a estas preguntas. Sí intenta ofrecer algunas claves para entender qué cambia, qué permanece y cuáles pueden ser algunos de los principales desafíos que acompañarán la futura tramitación y aplicación de la ley.
Como suele ocurrir en estos casos, el diablo está en los detalles.
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